Seminario 201: Población desmovilizada y mercado del trabajo

• Economista y especialista en Gerencia Financiera de la Universidad Autónoma Latinoamericana, estudios de posgrado en Responsabilidad Social Empresarial en la Universidad de Buenos Aires, Magister en Desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Estudios en curso de doctorado en economía en la Universidad de la Coruña. Investigador del grupo de investigaciones económicas GINVECO de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Actualmente coordinador del observatorio regional del mercado de trabajo (ORMET) Antioquia. 

Co-autores: Edwin Torres Gómez (miembro del grupo de investigación macroeconomía aplicada UdeA) y Mauricio López González (miembro del grupo de investigación macroeconomía aplicada UdeA)

Resumen: La de Colombia no es la primera experiencia de procesos de paz que involucren la socialización de un conjunto de excombatientes. Este reto no es menor y al interior del mismo se presentan inconvenientes de suma trascendencia económica, social y política. Uno de los principales problemas tiene que ver con la incorporación de esta población al mercado de trabajo. De acuerdo con la Agencia Colombiana para la Reintegración –ACR- de cada 100 personas reintegradas a la vida civil, 76 se mantienen en la legalidad, lo cual deja a 24 personas reincidentes en conductas delictivas. Del primer grupo, 72 logran engancharse en el mercado de trabajo, 51 de ellos lo hacen en el sector informal y tan solo 21 en el formal. De allí que, para los excombatientes, las mayores probabilidades se encuentran en encontrar empleos informales o continuar delinquiendo.

Este trabajo analiza la situación anterior desde dos perspectivas diferentes y complementarias. La primera de ellas consiste en proponer un esquema de incentivos que contemple la posibilidad de reincidir en el conflicto y los pagos esperados de permanecer en el mercado laboral, permitiendo obtener la restricción de participación, el segundo, de carácter empírico, permite la caracterización de los excombatientes y calcular las probabilidades esperadas de pertenecer obtener empleos formales o informales, y también sus salarios esperados en cada caso. Este último ejercicio muestra algunos resultados que dan algunas luces sobre la magnitud de las políticas públicas que habría que desarrollar para evitar que los reinsertados regresen a la ilegalidad.

El estudio emplea información de Agencia Colombiana para la Reintegración –ACR-, de la Gran Encuesta Integrada de Hogares y del servicio Público de Empleo; además de otras fuentes documentales que permiten la adecuada caracterización de los excombatientes.

Los resultados no son alentadores. En las actuales condiciones, los reinsertados presentan mayores probabilidades de reinsertar en actividades al margen de la ley, que de incorporarse al mercado de trabajo formal. La situación se hace más compleja para personas en edades superiores a los 40 años y para mujeres. Ante este panorama, urge contar con políticas labores que peritan la adecuada incorporación de estas personas al mercado laboral en condiciones de trabajo decente.