Depósito Central de Valores: treinta años contribuyendo al fortalecimiento del mercado público de valores

El primer paso en Colombia para la desmaterialización de títulos valores inició con la expedición de la Ley 27 de 1990, que autorizó la creación de las Sociedades Administradoras de Depósitos Centralizados de Valores.

El Depósito Central de Valores (DCV) se creó a comienzos de los años noventa con el objetivo de recibir en depósito y administración los títulos que emita, garantice o administre el propio Banco, así como los valores que constituyan inversiones forzosas o sustitutivas a cargo de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, distintos de acciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.° de la Ley 31 de 1992. 

El 14 de septiembre de 1992, el Banco de la República realizó la primera colocación desmaterializada de Títulos de Participación mediante el mecanismo de anotación en cuenta, y el 5 de octubre de 1993 se llevó a cabo el registro de la primera operación “electrónica” del mercado secundario. 

Con la entrada en operación del DCV se eliminó el riesgo que representaba el manejo de títulos físicos, se facilitó y agilizó las transacciones de los títulos en el mercado secundario y el cobro de capital y de los rendimientos financieros. Estos factores han contribuido de manera importante al fortalecimiento del mercado público de valores. 
Hoy en día cursan en el DCV en promedio diario más de 2.198 operaciones, que mueven valores en términos nominales del orden de los 60,3 billones diarios, y se custodian títulos por más de $ 447 billones. En cuanto a indicadores operacionales, el DCV ha mantenido una disponibilidad que supera el 99,9 % del tiempo establecido para el servicio.

En la actualidad se está implementando el proyecto de modernización del sistema de información que soporta el portafolio de servicios del DCV con el fin de mantener o incorporar los estándares y principios internacionales de las infraestructuras del mercado financiero, en aras de fortalecer la eficiencia en la prestación de los servicios con los más estrictos estándares de seguridad informática.